El cumplimiento de un requerimiento administrativo fuera del plazo estipulado es considerado un supuesto de incumplimiento dentro del marco normativo español. Esto significa que el interesado que no atiende el requerimiento en el plazo fijado por la administración incurre en una falta, lo que podría generar consecuencias adversas en el procedimiento administrativo en cuestión. En términos estrictamente legales, la administración no está obligada a aceptar documentación o subsanaciones presentadas fuera de plazo, ya que esto vulneraría el principio de seguridad jurídica y el adecuado funcionamiento del procedimiento administrativo.

Práctica y consecuencias del incumplimiento

En la práctica, sin embargo, existen situaciones en las que, ya sea por permisividad de la administración o por error, se da por cumplido el requerimiento fuera de plazo y el procedimiento continúa. Aunque este tipo de situaciones pueden ocurrir, no es recomendable confiar en el error o permisividad por parte de la administración, dado que este tipo de decisiones discrecionales no son frecuentes y podrían ser revertidas en cualquier momento, lo que llevaría a la paralización del procedimiento o incluso a su archivo.

Un principio clave que rige el derecho administrativo es la observancia estricta de los plazos legales. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), los plazos para cumplir con requerimientos o subsanar errores son preclusivos. Esto implica que una vez vencido el plazo, el derecho a realizar dicha actuación queda extinguido, salvo que medie una decisión administrativa que conceda una prórroga o permita excepcionalmente la presentación extemporánea.

No es recomendable confiar en el error por parte de la administracion, y, mucho menos en su permisividad

Recomendaciones en el cumplimiento de plazos

Es fundamental que los administrados sean rigurosos en el cumplimiento de los plazos impuestos por la administración para evitar posibles complicaciones en el procedimiento. Confiar en la posible permisividad administrativa o en la comisión de un error por parte de la misma no es una estrategia adecuada ni legalmente justificada. Como aconsejan los especialistas en derecho administrativo, la diligencia es un principio esencial en la relación con las administraciones públicas, siendo siempre recomendable anticiparse a los plazos establecidos para subsanar cualquier error o cumplir con las exigencias requeridas.

Legislación

Las normas principales que regulan el cumplimiento de plazos y las consecuencias del incumplimiento en el procedimiento administrativo son:

• Constitución Española de 1978: Artículo 9.3, que garantiza el principio de seguridad jurídica.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Artículos 21 (plazos de resolución) y 68 (subsanación de errores y defectos).
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Complementaria a la Ley 39/2015 en lo relativo al régimen jurídico de las administraciones públicas.

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OPCIONES DISPONIBLES en esta simulacion :

• Vuelve a la administracion y que la divinidad reparta suerte (nunca mejor dicho)
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